Fue luego que el interbloque de UxP pidiera una sesión especial para el 1° de febrero, tras haberse agotado el plazo legal para darle tratamiento a través de la Comisión Bicameral.
«Instamos a nuestros pares de otros partidos y espacios políticos de la región a que nos acompañen en el rechazo al decreto que viola la Constitución, el Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno», remarcaron en un comunicado los senadores patagónicos, entre ellos el pampeano Daniel Bensusán.
Detallaron que afecta particularmente a la Patagonia en medidas como «la desregulación del turismo con las consecuentes pérdidas de fuentes de trabajo; la desregulación del sector minero, que dejaría en manos privadas la explotación de los recursos estratégicos de nuestro suelo; la derogación de la Ley de Tierras, dando potestad a los extranjeros para adquirir territorio patagónico sin límite; la reforma de la Ley de Bosques Nativos, Ley de Glaciares y la Ley Manejo del Fuego, con las que se ponen en peligro el ambiente, nuestros recursos y reservas naturales, y la soberanía del país».
«Otras, como la derogación de la Ley de Promoción Industrial, afectan directamente a la provincia de Tierra del Fuego con la apertura indiscriminada de importaciones; y las modificaciones en la Ley de Hidrocarburos, que delegan en las petroleras decisiones estratégicas vinculadas a la producción, abastecimiento, exportación y márgenes de ganancia de las empresas privadas», puntualizaron.
También hicieron hincapié en la privatización de empresas estatales como la minera YCRT «que pondría en crisis toda la cuenca carbonífera de Río Turbio y afectaría la generación de energía para la nación».
También cuestionaron el intento privatizador del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, esta última porque «impacta en la compleja interconectividad de la Patagonia y afecta el turismo, además de poner en riesgo incontables fuentes laborales».
«Todas estas estas medidas tienen vigencia mientas no se rechace el DNU, en un marco general en el que se están afectando los recursos coparticipables de las provincias, en el que la delegación de facultades al Ejecutivo podría afectar las jubilaciones patagónicas dejando sin efecto el 40% de la zona austral, el freno a la obra pública, la derogación de la ley de alquileres, el desguace de la cultura y la educación pública, y la mercantilización del sistema de salud», señalaron.
En el final, insistieron en el pedido de rechazo al «inconstitucional» decreto «honrando y haciendo respetar la responsabilidad que tenemos ante el pueblo del sur de la Argentina profunda y las instituciones democráticas que están siendo atropelladas por el Poder Ejecutivo».
