Alicia Miller, integrante de la organización que vela por la defensa de la libertad de expresión, analizó en «Soy casta» los efectos que las demandas presentadas en la justicia tienen sobre la prensa y sus trabajadores. «Es un intento de disciplinamiento mediático», alertó.
Como si le hicieran un gol y se llevara la pelota”, graficó Alicia Miller, periodista integrante del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) en el programa «Soy casta», sobre la decisión de Javier Milei de presentar denuncias judiciales contra periodistas considerados críticos. El presidente materializo este viernes su decisión anticipada la noche anterior durante una entrevista con el youtuber libertario Daniel «Gordo Dan” Parisini y presentó ante la justicia demandas contra Carlos Pagni de La Nación, Viviana Canosa de Canal 13 y Ari Lijalad de El Destape. La decisión encendió alarmas en FOPEA, desde donde calificaron el movimiento como un intento de disciplinamiento mediático.
Miller afirmó que “llama la atención que el presidente haya elegido la vía penal dado que la Corte Interamericana ya estableció que no se puede castigar con cárcel la opinión crítica, y menos aún si quien la recibe es un funcionario público”. Luego subrayó que la medida tiene efectos que exceden lo jurídico: “Amedrenta, desgasta emocionalmente y limita el ejercicio pleno del periodismo”, enumeró.
La periodista recordó en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 19, los precedentes internacionales que condenaron similares maniobras en el pasado, como los casos Kimel y Godoy, donde se estableció que los ataques verbales desde el poder pueden derivar en violencia física real y fomentar la autocensura. “No se trata de prisión, pero sí de intimidación —aclaró—. Tener una denuncia penal sobre las espaldas afecta la libertad, el criterio y hasta la vida familiar de un periodista”, explicó.
Luego, Miller planteó que FOPEA analiza intervenir judicialmente como amicus curiae —figura procesal en la que terceros ajenos a una causa judicial pueden presentar un escrito con el fin de ofrecer argumentos que contribuyan en su resolución, usada especialmente en cuestiones de interés público— y denunció el abandono de los protocolos de protección en coberturas callejeras: “Intentamos acuerdos, incluso con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El diálogo se interrumpió sin que fuera nuestra decisión”, expresó.
La estrategia judicial contra Pagni, Canosa y Lijalad dejó en evidencia un intento directo del poder por desacreditar al periodismo como institución constitutiva de la democracia, en un contexto donde la palabra presidencial busca marcar el límite de lo que se puede decir y lo que no, según se evaluó entre las periodistas del programa.
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