Un coletazo de las crisis provocada por las políticas de ajuste que implementó la gestión de Javier Milei terminó siendo beneficioso para La Pampa. El Gobierno de San Juan decidió suspender la construcción del Dique El Tambolar, fuertemente resistido por nuestra provincia, y rescindir el contrato con la UTE que estaba a cargo de la obra.
La novedad fue dada a conocer por Diario Huarpe, en un artículo donde recordó que la construcción del dique comenzó en 2020, se ralentizó en 2023 «y terminó por frenarse en la gestión actual. Luego de meses en stand by, el Gobierno provincial llegó a un acuerdo con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las empresas Panedile, Petersen, Sacde, Thiele y Cruz, la compañía china Sinohydro, y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), para rescindir de manera bilateral el contrato de construcción».
El dato fue confirmado por fuentes del EPSE, que indicaron que “solo falta la firma de ambas partes”, lo cual se oficializaría a la brevedad. A su vez, el empresario Hugo Dragonetti, dueño de Panedile, tras un breve comunicado telefónico con el medio sanjuanino admitió que la rescisión es una realidad.
La rescisión del contrato, precisó el medio, «tiene que pasar por la Cámara de Diputados para oficializarse. Esto podría constituir una nueva disputa entre el oficialismo y el peronismo, dado que los diputados opositores no quieren dar el voto positivo a esta iniciativa. El proyecto podría tratarse este jueves, durante la novena sesión ordinaria».
Deuda millonaria.
El freno de El Tambolar llegó en marzo de este año, tras alcanzar un avance del 37%, luego de una reunión entre el gobernador Marcelo Orrego y el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, quien le confirmó que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) no iba a pagar los fondos adeudados a San Juan. «Los números negativos ascienden a más de US$180 millones y eran fundamentales para la reanudación de la construcción del gigante que promete incorporar 70 Megavatios (70 MW), al Sistema Eléctrico Sanjuanino y Nacional», señaló Diario Huarpe.
«Desde EPSE entienden que la única manera de reactivar la obra en algún momento es rescindir el contrato entre el Gobierno y las empresas pertenecientes a la UTE. La idea es insistir para que Cammesa pague al menos una parte de la deuda que tiene con San Juan en concepto de energía, dinero que sería utilizado para lanzar otra licitación y consolidar lo ya construido en El Tambolar, debido a que si no se hace nada en lo inmediato, se puede perder toda la estructura».
En la empresa estatal entienden que existe «una variedad de formas de reactivar la obra en un futuro. Se está estudiando posibilidades, como una participación público-privada, con inversiones de empresas interesadas en la energía que pueda aportar El Dique, o bien, a través de una concesión. Son todas cuestiones que deberá poner en la balanza el Estado provincial a la hora de lanzar una nueva licitación».
Rechazo pampeano.
Tal como informó este diario en varias oportunidades, en 2018 La Pampa promovió acción de amparo contra San Juan y el Estado Nacional solicitando al Tribunal ordene previo a la construcción de la represa la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) de toda la cuenca hídrica interjurisdiccional Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado; que determine en qué grado la obra “El Tambolar” degrada el ambiente o alguno de sus componentes y afecta la calidad de vida de la población. Además, se solicitó que sea sometida a consideración vinculante de todas las provincias que integran la cuenca hídrica.
En noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio luz verde a la represa al rechazar la demanda. Desde la Fiscalía de Estado pampeana advirtieron que “resulta evidente que la sentencia contradice de manera íntegra los principios y conceptos ambientales que el mismo Tribunal sentó y para ello utiliza el artilugio de confundir la legitimación de un ‘caso’ y de la demostración de una ‘afectación suficientemente directa’ con la demostración concreta de los daños ambientales».
(La Arena)
