El gobierno nacional encabezado por Javier Milei propuso al Parlamento una profunda reforma del Estado, la privatización de 41 empresas públicas, cambios en el sistema electoral, reformas tributarias, un nuevo mecanismo para actualizar jubilaciones y pensiones, y restricciones a las movilizaciones de protesta, en un proyecto de ley con 664 artículos que preanuncia ásperos debates entre las fuerzas políticas parlamentarias.
La iniciativa, denominada «Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos», consta de 351 páginas y 664 artículos y fue entregada personalmente por el ministro de Interior, Guillermo Francos, al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Para aplicar las normas allí incluidas, el presidente Javier Milei pidió declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.
Además, dispone que ese plazo podrá ser prorrogado desde el PEN por un máximo de dos años y pide ratificar el DNU de desregulación económica 70/23 firmado la semana pasada y cuestionado por diversos sectores con protestas callejeras y presentaciones judiciales.
«Libertad individual».
El gobierno argumenta que el objetivo de la ley «es la promoción del derecho fundamental a la libertad individual» porque los «habitantes de la Nación tienen derecho a ejercer sus libertades sin injerencias indebidas por parte del Estado». Menem anunció que hoy terminará de conformar las comisiones que deberán tratar esta reforma del Estado y los convenios internacionales que pidió aprobar el gobierno en su convocatoria a sesiones extraordinarias. Y advirtió que el oficialismo pretende sancionar esta ley «lo más rápido posible».
Para eso, La Libertad Avanza deberá construir acuerdos con la UCR, Hacemos Coalición Federal, PRO e Innovación Federal que le permitan alcanzar los 129 votos requeridos por muchos de los artículos. El proyecto incluye reformas impositivas, suspende la fórmula para actualizar haberes jubilatorios, habilita a imponer sanciones a las protestas y contiene un capítulo que deroga las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), modifica la Oficina Anticorrupción, cambia el régimen de partidos políticos y hasta la composición de la Cámara de Diputados.
Penas por movilizar.
El proyecto modifica el Código Penal para aquellas personas que «sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, provisión de agua, electricidad o sustancias energéticas, sean reprimidas con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses». Además, «si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia o impropia, o se causare daño físico a otras personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión».
En el capítulo impositivo, el proyecto contempla un blanqueo de capitales y una moratoria de obligaciones tributarias y aduaneras y los recursos de seguridad social vencidas al 30 de noviembre. También propone cambios en el régimen tributario de Bienes Personales, fija nuevas retenciones agropecuarias, autoriza importaciones de gas natural sin pedir autorización, unifica los entes de Gas y Electricidad y cambia la ley de Biocombustibles.
Elecciones y reforma del Estado
En cuanto a la ley electoral, dispone que «los diputados nacionales serán elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado». En este contexto, «cada distrito se dividirá en un número de circunscripciones igual al número de diputados que se eligen. Cada elector votará solamente por una lista integrada por un candidato titular y un candidato suplente que deben ser de diferente género».
Sobre la administración del Estado, permite al gobierno centralizar, fusionar, transformar la tipicidad jurídica, reorganizar, disolver o suprimir, total o parcialmente, órganos y entidades descentralizadas creados por norma con rango de ley, «así como transferir a las provincias, en los casos que corresponda, previa redistribución de sus bienes y fondos». También lo faculta a «intervenir todos los órganos y entidades descentralizadas que componen la Administración Pública Nacional, con la sola exclusión de las universidades nacionales».
Arancel para extranjeros.
Otro punto es la derogación de las leyes para promover el turismo mediante construcción de hoteles y líneas de transporte, y modifica las leyes sobre incendios en tierras productivas y la Ley de Glaciares. Además propone cambiar la Ley de Los 1.000 días que proteger el cuidado integral de la salud de las madres y establece que ayudará a las mujeres «en situación de vulnerabilidad y niños desde el momento de su concepción hasta los tres años, para reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, y proteger la protección y estimulación de vínculos tempranos y el desarrollo físico y emocional».
El proyecto también habilita a las Universidades Nacionales a cobrar un arancel a los estudiantes extranjeros sin residencia permanente, pero mantiene la gratuidad para argentinos, ciudadanos nativos o extranjeros con residencia permanente. «Los estudios de grado en instituciones de educación superior de gestión estatal para todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país, son gratuitos y queda prohibido establecer cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel o tarifa, directos o indirectos», dice la norma. Y concluye que las universidades «podrán establecer aranceles para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos» antes.
(Télam)
