Representantes del Gobierno provincial y organismos civiles acordaron rechazar de de plano el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años. A su vez, instaron a las y los legisladores nacionales de La Pampa a votar en contra de esta iniciativa que impulsa la gestión de Javier Milei.
El posicionamiento se consensuó este viernes por la mañana en un encuentro que se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. «Representantes de la Utelpa y la CTA de las y los Trabajadores participaron de una reunión en la que se acordó un rechazo al proyecto nacional de criminalización de niños, niñas y adolescentes, que incluye la baja de la edad de imputación penal a los 13 años», informaron desde el sindicato docente.
En la actividad también estuvieron presentes autoridades provinciales, como los ministros de Salud, Mario Kohan, de Educación, Marcela Feuerschvenger, de Desarrollo Social, Diego Alvarez, y de Seguridad, Horacio di Nápoli, el defensor de Niños, Niñas y Adolescentes, Juan Pablo Meaca. También participaron integrantes de las diferentes centrales sindicales, organizaciones sociales, colegios profesionales de Psicólogos/as y Trabajadores/as Sociales. «En tanto el Colegio de Abogados/as adhirió al comunicado a través de una nota», informaron.
En el cónclave, acordaron invitar la las y los legisladores provinciales a adherir al posicionamiento. Además, instaron a las y los legisladores nacionales a votar en contra del mencionado proyecto.
Más derechos.
Bajo el título «Más derechos, más Estado y más libertad: No a la baja de la edad de punibilidad», el documento expresa que «el ingreso de un nuevo proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil al Congreso de la Nación, mediante el que, entre otras cuestiones, se fija la edad mínima de responsabilidad penal en 13 años; no establece distinciones ni por delito ni por franjas etarias; abre la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes sean alojados junto a presos adultos; elimina la participación de los organismos de niñez; establece la prisión preventiva como regla y no como última medida o de excepción; permite la judicialización de menores de 13 años de edad e incluso su internación por disposición judicial; etcétera».
Esto «pone en alerta a todos los organismos públicos y/o de la sociedad civil que trabajan diariamente para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestra provincia y en todo el país. Esta iniciativa que viola la Constitución Nacional y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, no es novedosa, ni legítima, ni efectiva y mucho menos necesaria».
En esa línea, advierte que «se pretende utilizar a los/as adolescentes como chivos expiatorios de las situaciones de violencia, violación de derechos, pobreza, abandono de políticas de Estado, cuando son los más expuestos a sufrir estas consecuencias. Una vez más se estigmatiza a los/as adolescentes, sobre todo pobres, mostrándolos como delincuentes, cuando sobre ellos impacta la pobreza e indigencia y la eliminación de Políticas Públicas por parte del Gobierno Nacional destinadas a garantizar sus derechos».
«Compartimos la necesidad de modificar el Régimen Penal Juvenil Nacional para adaptarlo a los estándares internacionales en la materia, pero exigimos que ello se haga mediante un debate serio, y con amplia participación, que por supuesto debe incluir a los propios adolescentes», añade.
Rechazo.
El Gobierno provincial y las instituciones rechazaron el proyecto en base a estos argumentos. Además, plantearon que aspiran «a una normativa Penal Adolescente Nacional respetuosa de los Instrumentos Internacionales y Leyes vigentes en nuestro país. El proyecto es regresivo, su único objetivo es el castigo, es un planteo que atrasa más de un siglo, y reduce la protección y garantía de los derechos humanos tanto de víctimas como de victimarias/os».
Por otro lado, remarcaron que «los datos estadísticos reales muestran la ínfima participación de los adolescentes con menos de 16 años en hechos delictivos. El Proyecto se apoya en estadísticas falsas y argumentos falaces».
«No representa la realidad de la situación de Niñas, Niños y Adolescentes de todo el país. Es un proyecto centralista y unitario, violenta el federalismo, puesto que, ante supuestos problemas focalizados en algunas zonas puntuales del país (lo que también es discutible), pretende modificar una ley de alcance nacional, sin considerar las distintas realidades de cada parte de nuestro territorio», cuestionaron.
Otro de los puntos que señalaron es que «la solución es fortalecer el Sistema de Protección Integral de Derechos, garantizando su presupuesto y cumpliendo con las normas vigentes, pues sólo con Políticas Públicas específicas se pueden reducir los aspectos y/o contextos que propician las condiciones para que las/os adolescentes se vinculen con el delito».
Castigar en vez de proteger.
En el documento tildaron de «discriminatorio y revictimizante» al proyecto. En ese sentido, sostuvieron que las y los adolescentes «son el eslabón más débil en cualquier organización o cadena criminal y víctimas de éstas. Sin embargo, en el proyecto se los pretende castigar en vez de proteger».
«El abordaje que da resultados es desde la Educación, la protección, la capacitación laboral y el acompañamiento. Es engañoso y cruel manifestar que la problemática no pueda abordarse de otro modo más que privando de libertad a adolescentes de 13 años. En varias provincias se cuenta con políticas públicas y experiencias que bien podrían extenderse para lograr los cometidos expuestos en la propuesta, sin ampliar la criminalización de adolescentes. La cárcel no soluciona las problemáticas que llevan a niñas, niños y adolescentes al delito», afirmaron.
También aseguraron que «la experiencia demuestra que la cárcel no soluciona los problemas de seguridad. El Estado Nacional no puede bajar la reincidencia ni lograr reducción de las violencias ni resocialización de las personas encarceladas en las prisiones ya existentes, por ende, es ilógico pensar que sí lo logrará metiendo más gente presa al sistema penitenciario y a más temprana edad, y con eso va a resolver lo que no logra hoy».
«Creemos profundamente en una política pública focalizada en la protección de derechos. El mismo Gobierno Nacional que se jacta de querer destruir el Estado, que vacía la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, entre otros organismos nacionales, que abandonó políticas públicas para este sector que llevaban años y que hace de la libertad su bandera, propone demagógicamente cárcel a partir de los 13 años, lo que supone ampliar el poder penal del Estado y buscar soluciones mágicas en la privación de libertad», completaron.
